Sociedad

LA NECESIDAD DE ACTUALIZAR EL ETHOS NACIONAL
Dr. Javier R. Casaubon*

Es sabido que en el preámbulo de nuestra constitución, la religión entró casi por la ventana, al decir “invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia […] para la Nación Argentina”. En cuatro palabras se pensó en la: Iglesia Católica Apostólica Romana. En tres vocablos: el “alma” nacional.
También es sabido que el diseño alberdiano en sus “Bases y puntos de partida…” consistió básicamente en imaginar un país más poblado, un extensión del territorio mayor y una organización federal bajo un régimen presidencialista, republicano y representativo.
El Alberdi redactor concibió una constitución, se puede decir “liberal”, pero con sentido autóctono defensora de la vida, la propiedad y la libertad. En dos léxicos: la “concepción política” para Argentina. Es claro también que frente a la «cuestión social» de principios del siglo pasado el pensamiento del General Perón estuvo orientado a la realización política de los principios y valores de la doctrina social de la Iglesia, adecuada a las condiciones específicas de la sociedad argentina de esa época y su aporte original consistió instrumentar esos valores dentro “del ejercicio efectivo del poder político”.
Si en un esfuerzo casi sobrehumano de síntesis hubiera que definir en una imagen lo que nos legó Perón en su conducción fue: la “espada”, ofreciendo el “cuerpo” del pueblo argentino por el interés nacional.
O sea, hoy día, inversa y retrospectivamente, nos atrevemos a esgrimir: la espada (militar) para defender nuestra concepción política (alberdiana) del alma nacional (católica).

• Periodista, abogado, especialista en Derecho penal, especialista en Inteligencia estratégica y crimen organizado, doctorando en Derecho penal y ciencias penales, profesor universitario y funcionario judicial.
  El eje del pensamiento político de Perón está condensado en La comunidad organizada, cuya base fue su conferencia del 9 de abril de 1949 (post reforma constitucional que incorporó derechos sociales, ej. art. 14 bis) en el acto de clausura del Congreso Nacional de Filosofía realizado en Mendoza.
  En rigor de verdad y si uno va a las actas originales, dicha alocución no llevaba título, pero quienes luego la publicaron la rotularon como La comunidad organizada dado que así comenzaba el acápite –XX– de su exposición. Allí se plasma la concepción filosófico-política de lo que fue luego dado en llamarse, con un marcado personalismo, como “peronismo”, que hoy día aparece muy difuso y su original mensaje muy mal interpretado, en las procelosas aguas de la democracia desde 1983 hasta el presente.
  En ese subtítulo, también se había consignado las palabras “Sentido de la Norma”. Aspecto no sólo olvidado por los editores sino también por los propios justicialistas quienes, luego de muerto Perón, no sólo omitieron, en sus prácticas públicas, esa consigna sino que para peor, en sus sucesivas administraciones al frente del país, la han violado casi sistemáticamente.
  Ello, para así refugiarse tan sólo en una comunidad light o en una vida societaria sin casi vínculos de fraternidad, solidaridad y valores (actualmente), o, peor con una inclinación demasiado liberal y consumista infectada de la “peste verde del dólar” (década de los ‘90) o, peor aún, una desorganizada sociedad “populista” aculturizada casi toda dependiente del supuesto “Estado presente” (época vicenal de los 2.000), con elementos didácticos y dialécticos ajenos al interés nacional y a la propia idiosincrasia del pueblo argentino respecto de la ascensión social fruto del trabajo y esfuerzo de cada ser particular y mancomunado donde la estrella polar dejó de ser la producción.
  Reseñamos específicamente, a los fines del título de esta nota, a uno de los postreros ensayos de Perón titulado El modelo argentino para el proyecto nacional, donde aconsejaba lo siguiente:
  [En el ámbito institucional] “Las instituciones que aquí analizo son las jurídicas, es decir, las creadas por el Derecho. El método de creación de las instituciones jurídicas debe comenzar por establecer funciones. Para esto es necesario definir, en cada caso, como se cumplirán dichas funciones y cuáles serán las responsabilidades concretas para fijar. De esta forma, es posible caracterizar el marco jurídico en el cual tienen que funcionar. Pero este marco jurídico debe incluir no solo la creación y función de los entes respectivos, sino también las relaciones entre los distintos entes y la naturaleza, características y forma de uso de los medios a utilizar. Lamentablemente, no siempre se ha trabajado con tal forma de programación institucional. En su lugar, hemos encontrado numerosos ejemplos en sentido contrario. Es decir, que se dictó la ley primero, se crearon luego los entes, se le asignaron funciones y después, en la práctica, se verificó si las funciones asignadas estaban totalmente ajustadas a lo que se quería.
  […] Por otra parte, constituir las instituciones primero y conferir funciones después ha dado lugar al nacimiento de burocracia que, sin objetivos claros, concluyen siendo un fin en sí mismas y sirviendo solo a la autoconservación. Tales
  burocracias sirven exclusivamente para proponer lo que es viable para el gobierno de turno. Debemos procurar, precisamente lo contrario: ajustar las estructuras de poder a lo que el país necesita. Si no procedemos con esta mentalidad, será imposible introducir cambios de fondo, porque la eficiencia de la administración pública resulta limitada por las propias restricciones institucionales y porque esas burocracias han aprendido que duran más los que menos deciden”.
  Todos los argentinos tenemos una hermosa tarea por realizar que justamente consiste en ajustar las estructuras de poder a lo que el país necesita, y no al revés y menos como una carga burocrática más al Estado, ni tampoco contrariamente, pensar casi en un “Estado ausente”, sino como una forma de participación ciudadana en esas mismas estructuras o instituciones. Feliz y maravilloso nuestro destino: tenemos un deber por cumplir.
  Poco tiempo atrás, las palabras “articular políticas”, “políticas públicas” y “solución integral” fueron un cliché meramente onomatopéyico en los más variados sentidos, incluso contradictorios, y de una improvisación asombrosa para la cosa pública salvo la habilidad artera para robar el erario nacional. No obstante, más allá de las opiniones diversas y la falta de convicciones sólidas de gran parte de nuestros dirigentes, vale hoy día tener bien presente que “el Estado es impersonal: el argentino sólo concibe una relación personal. Por eso, para él, robar dineros públicos no es un crimen. Compruebo un hecho; no lo justifico o excuso. Lo cierto es que el argentino es un individuo, no un ciudadano”, sostenía con suma lucidez meridiana Jorge Luis Borges en Nuestro pobre individualismo. Por eso, bienvenida la idea o el ethos de la máxima “el que las hace las paga”.
  El jurista tiene la importante misión de colaborar en la remoción de las trabas del proceso socio-económico-político a través de propuestas de reforma aconsejables en el campo de las instituciones. Especialmente si son instituciones o entes jurídicos y particularmente si son penales (v. gr. debate sobre ley penal juvenil).
  A veces se trata de un desplazamiento directo de los actos de las personas hacia las estructuras, de tal modo que no será el ethos el que da forma a las estructuras, sino las estructuras producen el ethos.
  Ethos es una palabra griega (en griego antiguo: ἦθος ễthos) que significa “costumbre y conducta” y, a partir de ahí, “conducta, carácter, personalidad”. Es la raíz de términos como ética y etología. Ethos significa costumbre, hábito; manera de ser, de pensar o sentir; conducta, carácter, temperamento; moral y moralidad.
  En el Diccionario de la Real Academia Española, la palabra ethos aparece definida como “Conjunto de rasgos y modos de comportamiento que conforman el carácter o la identidad de una persona o una comunidad”. Un ethos en filosofía es el espíritu que permea a un grupo social, un conjunto de actitudes y valores, de hábitos arraigados en el grupo.
  Subyace la convicción de que el ethos es un elemento frágil mientras que las estructuras tienen un sólido valor y seguro, lo curioso es que se dé también un vaciamiento de las estructuras, lo que hace tramposo este proceso, porque las estructuras
  no tienen consistencia, la estructura viene a suplir la institución, suple a la institución y hay un vaciamiento de las instituciones a favor de la geometría de las estructuras o, equivocadamente, la necesidad “liberal económica” de liberar todo al mercado por una simple cuestión de oferta y demanda o de costos y precios y cuanto menos instituciones mejor.
  Entonces el ethos no está en la persona y desaparece de las instituciones, fascina la arquitectura de las estructuras y son ellas las que marcan a la ética. O fascina también actualmente, sobre todo en el gobierno y en gran parte de la juventud, la necesidad de la inexistencia de estructuras.
  Existe una tensión entre acto-estructura, a lo que se suma ahora en el tiempo presente una nueva tensión persona o personalismo-estructura, más si es carismática o con rasgos enérgicos o mandones de mal trato o de buena oratoria o dialéctica sofista.
  También pasamos de instituciones cargadas de ethos ideologizados, a que hoy en día, toda estructura impide la evolución del hombre o el desarrollo “libre” de la sociedad, sin casi importar el prójimo, con tal de tener el último celular.
  Cierto es además que existen institutos e instituciones que perdieron su vigencia o extraviaron su ethos o su razón de ser o el objetivo o fin de su existencia por culpa de las políticas partidarias o muy ideologizadas, haciendo metástasis en dichos organismos que, algunos, merecen ser “cortados por lo sano” y directamente cerrarlos; pero otros, sobre todo por sus directivos y los empleados, tendrían que ser reorientados y reencausados en actividades útiles y necesarias para la verdadera investigación o producción en un desarrollismo inteligente.
  No hay que tirar por la borda toda entidad por una cuestión meramente numérica o porque sea deficitaria, dado que hay que saber distinguir que los conocimientos adquiridos pueden ser de buen o mal ejemplo para esas u otras actividades en el presente y más en el futuro.
  Una de las máximas del derecho consiste precisamente en saber distinguir.
  Un segundo rasgo es el relativismo, fruto de la incertidumbre contagiada de la mediocridad. Es la tendencia actual a desacreditar los valores o por lo menos propone un moralismo inmanente materialista que pospone lo trascedente reemplazándolo con falsas promesas o fines coyunturales o personales
  Por ejemplo: como falsa promesa: gestión presidencial 2015-2019 (Cambiemos) cuando se llegó a 21 ministerios, bajo el lema electoral “pobreza cero”.
  Con fines coyunturales o persoonales: gestión presidencial 2019-2023 (Frente de Todos) finalizó su mandato con 18 ministerios, donde “vivimos revolcaos en un merengue” (Cambalache 2.0), transformado en un espíritu «Nac & Pop» y la Casa Rosada y la Quinta de Olivos (fiesta de cumpleaños en pandemia de por medio) terminaron convirtiéndose en un «boliche» (bar) a gusto del consumidor o en un naranjal donde cada uno agarraba la naranja que más le gustaba.
  La desconexión con las raíces humanas convierte los valores en nómadas, lugares comunes o simplemente nombres o slogans. No hay certeza ni convicción, sólo
  opinión. No hay verdad y se la quiere reemplazar por la “posverdad” en un espejismo de armonía.
  Por ello, como jinetes a caballo de lo expuesto, sostenemos que es un desacierto hablar de “políticas públicas” porque toda política es esencialmente pública por definición y antonomasia, toda vez no concebimos una política privada salvo para una empresa comercial.
  Si bien, por el momento, apoyamos el principio o el ethos del “déficit cero”, tampoco adherimos del todo que sea una “política de Estado”, por la necesidad republicana de la división de poderes salvo que entendamos por la misma a una política que trasvase horizontalmente los tres poderes nacionales de común acuerdo y verticalmente conforme nuestro ordenamiento jurídico de nación, provincia y municipio, pero no en punto a que un poder del Estado imponga una “política” determinada a los otros dos o esos dos a un tercero o a un gobernador o intendente ya que puede existir la necesidad imperiosa de un endeudamiento por una buena razón y/o inversión.
  Personal y jurídicamente creemos que más allá de la identificación electoralista de la “casta” hay un «mal» en las instituciones que es un comportamiento no ético ni moral de todo agente estatal que se aprovecha del privilegio de pertenecer a la estructura del Estado en beneficio personal o de un tercero.
  En efecto, –como es de sobra conocido– en la Argentina las instituciones son continentes sin demasiado contenido. Siempre tenidas en cuenta y enaltecidas en los discursos, han sido de tal manera despellejadas con el paso de los años que hoy semejan cáscaras vacías.
  Hay otros que les agarra cierto erizo de que un presidente gobierne por “decreto”, evitando así la demora del Congreso por los cambios profundos que hay prontamente que realizar y, más allá de que sean avalados o no, en definitiva, por la Corte Suprema, invocan una mácula repentina de santidad y sanidad “institucional” republicana.
  Muchos hablan y se llenan la boca de cuidar las instituciones y salvar la República, pero si no son los primeros son los segundos en anteponer un nombre o un hombre o un personalismo por encima de los organismos o entidades, más si son jurídicas o del derecho, para tener un alfil que esté a su servicio en tal o cual lugar del organigrama estatal o una diagonal para una terminal de poder o a la cabeza del mismo o en éste o aquél otro poder del Estado.
  Siempre hay una zona de recíproca incomprensión entre el factor político y el factor jurídico, porque la política quiere hacer cambios, está en su ADN, y muchas veces se queja de que la justicia frena o demora los cambios, pero la justicia suele cuestionar a la política por lo bajo, porque no se pueden hacer cambios de cualquier manera, sino siguiendo un determinado procedimiento sin afectar determinados derechos y de acuerdo a ciertos pasos formales, públicos e institucionales.
  Más si lo que se quiere es cambiar o crear una institución jurídica-institucional novedosa, por eso es caer en un simplismo ingenuo el de desregular todo como pretende el liberalismo exacerbado, pese a que es cierto que vivimos en una
  hiperlegislación atrofiante no solo por parte del Estado sino del cuerpo social donde cada situación nueva se cree que necesita una ley, cuando en verdad un buen juez podría resolver ese asunto sin tantas normas bastando los códigos de fondo, sancionados por el Congreso Nacional.
  El desarrollo se mide a partir de crecimiento económico, factores de salud, la educación (analfabetismo, mortalidad infantil) y, le agregaríamos, calidad institucional. Solo así sí se puede hablar de una comunidad medianamente bien organizada que tienda a un desarrollo integral y que combata la corrupción en cualquier nivel del Estado, estamento o poder.
  Para las inversiones es muy importante la seguridad jurídica y todo lo que tiene que ver con la independencia del Poder Judicial y con instituciones sólidas, que estén más allá de la prosperidad de tal o cual sector o factor económico.
  Si nos atenemos a la necesidad imperante actual de la República Argentina que desea ‘generar ciudadanía’, que respete el sentido de las normas, atraer inversiones para su desarrollo, paso previo necesario es respetar el orden público con la seguridad física y jurídica en un verdadero Estado de derecho donde no esté difuso sino bien clara la división de poderes.
  No se discute que el orden no es otro que el orden público entendido como resguardo de la tranquilidad pública (bajar los índices de delincuencia y no más piquetes) que produce el debido respeto al orden público (cuyo núcleo básico es el código penal) y, en consecuencia, el debido respeto al orden jurídico (reformas de fondo y de forma penales, civiles, laborales, administrativas, etc.), el orden político, el orden económico y el orden social, en ese orden, valga la redundancia.
  Para todo ello, hay que primero organizar la comunidad, sobre ciertos principios y valores comunes a todos y permanentes (paradigma del respeto irrestricto por la vida y el honor).
  Acerca de qué papel juega lo institucional en la recuperación económica de un país, caber recordar la cláusula incorporada a la Constitución en la reforma de 1994 (el inciso 19 del artículo 75) donde se evoca el desarrollo, como un concepto más amplio que el crecimiento económico. A no negarlo, está claro que a ojos vista, la inversión nacional y extranjera que hace falta en nuestro país, es la otra cara del desarrollo.
  Ahora, si bien es correcto desregular la hiperlegislación positiva, corremos el riesgo del “efecto péndulo” de desregular todo, incluso porque sí. El Estado, bien entendido en Derecho, es una persona jurídica pero persona al fin, con deberes, obligaciones y responsabilidades para la comunidad y todos y cada uno de los ciudadanos, por eso tiene que establecer un orden de prioridades lógico (Salud, Educación, Seguridad) en la erogación de sus gastos o en la repartición de beneficios comunitarios, llamada justicia retributiva y, según el realismo jurídico clásico, en procura del bien común.
  El bien común es un intangible como lo es el Estado pero ambos existen o se concretan en la realidad, al menos, en el tiempo contemporáneo. El Estado pese a su intangibilidad, no es ficción, ni una entelequia, ni un Leviathan, ni debe ser un estorbo
  para el desarrollo individual o social y la propiedad privada, porque la escolástica clásica aconseja que es mejor tener los bienes necesarios con una digna subsistencia para el ejercicio de las virtudes.
  Ello, independientemente que luego, en la medida de lo posible, el hombre y/o el Estado destine parte de su patrimonio en cierta función social o empresarial y no acumular dinero por el solo hecho de aumentar el capital. De ahí la epidérmica y contagiosa marchita “combatiendo al capital” contra un exagerado capitalismo especulativo financiero, tanto como tomando distancia del conocido libro El capital, de Karl Marx, el neomarxismo y sus derivados como el socialismo del siglo XXI. O sea, hace falta una doctrina-institucional, que sea un novedosa “tercera posición” acorde a los males de este siglo.
  Mientras tanto y hasta que un hombre prudentísimo declare la universalización de los bienes y servicios, tal como lo soñó Tomás Moro en Utopía, el Estado existe y existirá como persona jurídica de la realidad por la necesidad hasta el momento de un cierto orden social, y ya que es una comunidad plenaria que no se puede confundir con la administración ni la fuerza pública, ni con un gobierno, ni con la burocracia y mucho menos con un partido político, ni con la tantas veces usada (palabra mágica de mil acepciones) ‘democracia’.
  El Estado es un sistema, un cuerpo, cuya alma es la Constitución nacional. Así como la universidad no es la sala de profesores, ni el despacho del decano, ni la biblioteca, ni las aulas, ni el bar, sino la comunidad educativa de alumnos y profesores, del mismo modo, el Estado es la comunidad de representantes y representados.
  Si el alma de la Universidad Católica Argentina es la capilla, el alma del Estado, lo que le da forma a esa materia, mediante un espíritu eficiente y final (Aristóteles), es esa realidad común plasmada en la Constitución nacional, por y bajo la cual todos nos regimos.
  Ese proyecto sugestivo de vida en común, con un ideal preambular a alcanzar (Platón), pero de acuerdo a la realidad histórica de cada período y conforme sus circunstancias particulares, admite excepciones siempre que estén dentro de ese continente o contexto normativo en la cúspide piramidal de nuestro ordenamiento jurídico, que debe receptar y positivizar los principios rectores de la ley natural (Tomás de Aquino).
  Sobre ese realismo político clásico, poco importa saber actualmente por qué Milei dio por muerto a Maquiavelo en su reciente paso por la localidad de Davos. Tampoco vale la pena rastrear –si acaso ello fuera posible– si alguna vez leyó El Príncipe o los Discursos sobre la primera década de Tito Livio. Básicamente, porque sería perder el tiempo.
  A lo que dijo respecto del célebre florentino solo basta con recordarle “Las ideas no se matan” (frase en francés popularizada e inmortalizada por Domingo F. Sarmiento). Lo importante es entender hasta qué punto el líder que se autoproclama libertario y anarco-capitalista responde más a las categorías del realismo económico clásico que a las enseñanzas de la escuela austríaca (res non verba).
  Por más que algunos en el gobierno quieran borrar nuestra historia y sus ideas políticas de los últimos 70 o 100 años, sobre todo respecto a todo lo que tenga que ver con planificación, y si bien es cierto que se respiran nuevos y buenos aires alberdianos, no deja de ser menos cierto, que no se puede borrar de un plumazo y menos, por una voz en un atril, todo el siglo XX argentino, porque es mejor aprender de la experiencia y el error ajeno que del propio o tirarse un tiro en el pie a cada paso, para así más rápidamente poder consolidar el ethos necesario de nuestro Estado eficiente.
  Y, para ello, conviene sumar lo mejor de Alberdi (tesis), más las cosas buenas que tuvo Perón (antítesis), porque solo así lograríamos la síntesis del pensamiento estratégico nacional en el siglo XXI.
  Desde estas humildes líneas, al igual que el preámbulo, invocamos a Dios, también fuente de toda sabiduría, para que nos dé esa libertad de pensamiento y expresión (alberdiana) y con diálogo sincero para generar una actualización de un “movimiento” (Perón), superadora de la partidocracia y las ideologías, que nos permita lograr la madurez necesaria a toda la nación argentina para alcanzar esa síntesis nacional y que impregne el ethos de todas nuestras instituciones.
  Esto deberá ser así porque los desafíos y amenazas son muy grandes y ya no son internos sino externos y no tenemos que demostrar debilidades en ninguna materia en la era de la globalización de las palabras, las ideas y las cosas.
  Estos últimos tres términos encierran filosóficamente el “problema de los universales” y ese problema solo puede ser resuelto si Argentina se convierte en una antorcha interna fuerte y luego en la luminaria externa universal por la Justicia de los ciudciudadanos, la Paz de las naciones y la Libertad de los pueblos a nivel mundial.
• Para cerrar como iniciamos esta nota de opinión, la doctrina católica, la doctrina política argentina y la doctrina militar sanmartiniana y belgraniana de nuestro terruño (comparten la misma esencia en ese orden) y pueden dar origen en este siglo XXI a una doctrina de defensa de los recursos naturales, porque es evidente que ya existe en el globo una lucha disimulada pero de rapiña por la energía, los alimentos y el agua (en ese orden de prelación también) donde no van a estar ausentes el fundamentalismo religioso, cultural o ambiental, tanto como una exacerbación del capitalismo internacional apátrida meramente financiero que busca apropiarse de vil manera de la “tierra prometida”.

SÍ …… ¿Y QUÉ?
El síndrome de la impunidad

En general, los seres humanos, las organizaciones y las naciones, tratan de mostrar que cumplen con ciertos parámetros que les permiten justificar sus acciones. Escapan a esa conducta quienes se sienten impunes y suficientemente fuertes y poderosos como para despreciar las opiniones y las reacciones que sus actos pueden generar. Eso se sintetiza en la expresión “Sí…. ¿y qué?” propia de quien no pretende negar ni disimular sus exabruptos y no hesita en mostrarse desafiante y altanero.

Escribo esto en el año 2025 desde un país situado en el Hemisferio Sur, llamado Argentina, desde el que contemplo cómo algunas grandes potencias han abandonado todo esfuerzo por disimular sus políticas autoritarias y violentas y también compruebo consternado que esos mismos patrones de conducta se reflejan y repiten en nuestro plano político interno.

Veamos algunos ejemplos.

En el año 2022 Rusia invadió Ucrania sin que mediara una agresión previa ni hubiera una amenaza inminente. Esta ruptura del orden internacional no tuvo una justificación ni una disculpa. A pesar de que EUA y países de la Unión Europea impusieran sanciones a Rusia este país no modificó su conducta. Tres años después, Rusia se mantiene en su postura de “Si… ¿y qué?” desafiando las reglas internacionales, confiada en que su condición de potencia nuclear la protege de cualquier represalia militar.

La postura de: “Sí, lo hago y lo continuaré haciendo porque tú no puedes hacer nada al respecto” podríamos denominarla como el Síndrome de la impunidad (SIMPU) y no es exclusiva de países con gobiernos autoritarios.

En el otro extremo ideológico el presidente de los EUA se permitió proponer la anexión de un país soberano y aliado como Canadá y del territorio de Groenlandia. Más recientemente ha comenzado a atacar embarcaciones indefensas que supuestamente traficaban drogas por el mar Caribe, matando impunemente a sus tripulantes en flagrante violación del derecho internacional.

Pero no solo el SIMPU se manifiesta en el orden militar. Con absoluto desprecio al principio de no intervención en los asuntos internos de otro país, el presidente de los EUA manifestó su apoyo a su aliado ideológico, el presidente de Argentina, en sus elecciones legislativas y, más aun, intervino sin disimulo en el mercado de cambios de este país y prometió que cesaría su apoyo si no ganaba su favorito. Estas acciones no son novedosas pero, tradicionalmente, se disimulaban o negaban.

Actualmente se exponen descarnadamente bajo el paraguas del síndrome de la impunidad.

Podríamos citar múltiples ejemplos pero el punto ha quedado ilustrado. ¿Se trata de un afán por terminar con la hipocresía en las relaciones internacionales o es en cambio una brutal regresión a los tiempos previos a la creación de la ONU en que se aceptaban la anexión de territorios y la modificación de las fronteras mediante el uso de la fuerza? ¿El SIMPU quedará limitado a un par de potencias o debemos esperar que pronto se sumen la China o las naciones europeas? ¿Estamos ante una moda transitoria o ante el comienzo de un cambio de paradigmas en que será necesario que los países menos poderosos se integren en nuevos sistemas de alianzas y alineamientos para evitar ser devorados?
Estas incógnitas quedan planteadas para que el tiempo nos revele si estamos ante un fenómeno efímero o ante el preludio de un nuevo orden internacional.

¿Y POR CASA COMO ANDAMOS?
El desprecio por las normas en el orden internacional tiene su correlato en el orden local en el debilitamiento de la democracia en numerosas naciones en que los líderes adoptan actitudes autoritarias, amparados por su fortaleza política o por argucias técnicas de que se valen para imponer una voluntad omnímoda.

En Argentina, el entonces presidente Carlos Saúl Menem, en un momento de éxito económico se permitió manifestar que había engañado a sus electores porque “si hubiera dicho lo que iba a hacer no lo hubieran votado”. Años después, la presidente Cristina Fernández viuda de Kirchner, embriagada por su triunfo electoral, manifestó en público “ahora vamos por todo” lo que significaba arremeter para colonizar, no solo el Congreso, sino también la justicia.

Sin embargo, estas groseras pero aisladas expresiones del Síndrome de Impunidad han alcanzado su pináculo con el actual presidente Javier Milei.

En campaña se permitió denigrar a los mandatarios de China, Brasil y España a pesar de que son países de gran importancia comercial para la Argentina y llegó al extremo de agraviar al mismísimo Papa Francisco, de nacionalidad argentino, y cabeza de la iglesia católica.

En funciones, sus diatribas alcanzaron por igual a periodistas, legisladores, opositores y a sus propios aliados. Quizás su mayor exposición de impunidad la evidencia cuando se solaza manifestando que es un hombre cruel, cuando se le señala que las principales víctimas de sus políticas de ajuste recaen sobre jubilados, pensionados y discapacitados.

Ciertamente, no es el único mandatario que cuando se siente impune hace gala de su falta de empatía y respeto por los marginados y el desprecio por sus opositores. Pero creo que goza del dudoso honor de ser el principal exponente del “Si….¿y qué?”.

Una brillante profesional, bella persona y aguda observadora, doctora en psicología, solía señalar en sus cátedras que la cortesía y la amabilidad significaban en las relaciones internacionales y en las relaciones humanas, en general, mucho más que una cuestión de formas. Eran una manifestación del respeto por el otro y hablaban del carácter y la visión humanística del individuo.

El paradigma de la búsqueda de la confrontación, el agravio y el insulto, como método político para polarizar y enfervorizar a las masas, representa un peligro pues se trasmite como ejemplo e incentivo para generar la violencia en todos los órdenes y suele terminar desbordando el plano verbal para explotar en la violencia física.

Cuando los gobernantes que han abusado de su impunidad pierden el poder que circunstancialmente alcanzaron, suelen sufrir revanchas y persecuciones judiciales y eso constituye una razón más para que traten a toda costa de conservar el poder, desnaturalizando la esencia de la democracia.

Es tiempo de lanzar un llamado angustioso para que los líderes políticos, tanto en sus prédicas internacionales como en las internas, hagan un ejercicio de moderación, mesura y respeto, renunciando al recurso fácil de buscar adhesión apuntando a los bajos instintos de la persona humana. Las masas suelen ser fáciles de soliviantar de arriba para abajo pero muy difíciles de detener cuando el odio y la violencia se han desatado. Es una responsabilidad de los líderes, pero cada ciudadano tiene que contribuir rechazando el Síndrome de la impunidad como una grave enfermedad exacerbada en los tiempos actuales.

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2025

JUAN CARLOS NEVES
PRESIDENTE DE NUEVA UNIÓN CIUDADANA